El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por la que se crea un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el Estado español: el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas, en particular, personas mayores y personas con discapacidad, a recibir la atención necesaria por parte de los poderes públicos.

Esta ley configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta.

La Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia comporta nuevos retos para la administración local, ya que debe impulsar iniciativas innovadoras, fortalecer los servicios sociales y cambiar la percepción actual de los mismos. Todo esto va a significar más competencias, y a su vez, más recursos, mayor compromiso de los gobiernos locales y trabajo en red.

Aplicación de "Ley de la Dependencia